En los Estados Unidos y en muchos países que lo imitan el Estado secular ha terminado violando el principio de separación entre la Iglesia y el Estado donde la minoría agnóstica impone sobre la mayoría religiosa de los ministros o pastores protestantes y sobre los sacerdotes católicos la obligación de renunciar a sus creencias religiosas y propiciar matrimonios homosexuales.  Es decir, el Estado le impone a la mayoría religiosa cambiar su manera de pensar sobre los mandamientos de Dios. 

Esta transición es el resultado de la evolución de la democracia populista durante los últimos 250 años. En otras palabras, la evolución de la democracia populista durante los últimos 250 años ha conducido a que el Estado termine rompiendo con el principio de la división entre iglesia y Estado.

El Partido Bolivariano de Puerto Rico simpatiza con la fundación de un Estado confesional sobre la base de la creencia en Dios.

Definimos el Estado Confesional Múltiple monoteísta como aquel fundado en la creencia en un solo Dios ante cuyos mandamientos estamos llamados a cumplir.  Las interpretaciones que cada religión haga de Dios y de sus mandamientos estarían reguladas por el Estado Confesional Múltiple de manera que ninguna religión pudiera predicar un mensaje que vaya en contra del bienestar del colectivo o en contra de la existencia del Estado.  El Estado estaría obligado a garantizar la libertad religiosa, siempre que no contradiga el bienestar del colectivo o la existencia del Estado.  El Estado estaría obligado a incorporar en sus leyes los mandamientos de Dios expresados a través de las religiones o a no producir leyes que contradigan esos mandamientos.

Existe la falsa percepción de que el Estado debe ser laico, es decir debe ser un estado fundado en el escepticismo hacia la creencia en Dios y a que sus decisiones de política pública no debe ser influenciada o dirigidas por las creencias religiosas de las personas sobre los mandamientos de Dios. Pero esta percepción no conduce o derivar en otra cosa que en el establecimiento o existencia de un Estado ateo o agnóstico. Por consiguiente, el establecimiento de un Estado ateo o agnóstico es de por sí una imposición sobre la gran mayoría de la población que no es ni atea ni agnóstica sino creyente en la existencia de un ser supremo cuyos mandamientos deben constituir las guías de los pueblos sobre lo que es bueno y lo que es malo. En consecuencia, en un Estado confesional no ateo ni agnóstico las leyes que promulgan el Estado no pueden estar por encima ni contradecir las leyes o mandamientos de Dios, ya que toda ley de los hombres debe estar en concordancia con las leyes de Dios.

El problema con el Estado confesional sobre la base de la creencia en Dios es que quien controle las creencias de las personas sobre lo que son los mandamientos de Dios, adquiere un poder político que rivaliza con el poder del Estado. Es por eso que en el pasado ambos poderes se fundían en el gobernante de un país. Los reyes se consideraban representantes de Dios en la vida igual que los líderes religiosos e incluso mandaban sobre los líderes religiosos. Es decir, los reyes eran líderes políticos al igual que líderes religiosos.

Cuando las monarquías van cayendo en decadencia y surgen los gobiernos democráticos, se establece la separación entre Iglesia y el Estado en la cual se le prohíbe a las iglesias tratar de influenciar las decisiones del Estado y al gobierno inmiscuirse en las creencias religiosas. Pero tal dicotomía no es realista pues conduce a un Estado laico ateo o agnóstico que es contradictorio a la creencia en Dios de la mayoría de los gobernados. Es decir, la mayoría de los gobernados que eligen a sus líderes políticos democráticamente no pueden tener como propósitos la elección de representantes que los gobierne, esto es que hagan leyes, en contra de su creencia en Dios porque eso es contradictorio.

En la práctica, la separación entre la Iglesia y el Estado o laicidad ha venido a convertirse en un planteamiento fantasioso sobre la creencia del hombre en Dios. Esto es lo que se desprende de un Estado laico donde se supone que el hombre se relacione con Dios al ir los fines de semana a la iglesia de su preferencia y estudiar y meditar los mandamientos de Dios a través del libro sagrado de su religión o de la prédica de dicha religión, pero una vez sale de la iglesia se supone que deje atrás sus creencias. Es decir, se le exige que esas creencias no tengan nada que ver con su práctica como ciudadano en la vida real. En otras palabras, implícitamente se plantea la relación del hombre con Dios como una especie de juego fantasioso o terapia para relajarse del estrés cotidiano de la vida real, pero dicha relación del hombre con los mandamientos de Dios, por tratarse de cuestiones fantasiosas que no tienen que ver con la vida real no deberán influir sobre la creación de las leyes del Estado. En consecuencia, las leyes del Estado pueden ser contrarias a los mandamientos de Dios y los creyentes en los mandamientos de Dios deberán honrarlas aunque eso signifique la negación de sus creencias en los mandamientos de Dios.

A partir de esta visión o planteamiento de separación entre Iglesia y Estado a las iglesias se les trata como si fueran centros de terapia fantasioso para relajar el espíritu y deshacerse del estrés pero tan pronto se sale del iglesia se supone que se entra en el mundo de la realidad donde los mandamientos de Dios no se deben aplicar ni permitir que influyan en las creaciones de las leyes laicas que nos habrán de regir. Se presume que las leyes laicas no tienen ni deben ser cónsonas con las leyes de Dios porque se presume que las leyes de Dios no pertenecen al mundo de la realidad.

Desde el momento en que se plantea que las leyes del Estado no deben ser cónsonos con los mandamientos o leyes de Dios, el Estado se convierte en la práctica en un Estado laico ateo o agnóstico. Por consiguiente, se cae en una contradicción en la cual los gobernados eligen un gobierno que es contrario a sus creencias religiosas y que puede legislar en contra de ellas.

Esta contradicción es irreconciliable. La relación del hombre con sus creencias religiosas no puede tratarse como si fuera un ejercicio fantasioso desvinculado de la realidad sin caer en una contradicción de lógica. Más bien debe tratarse como la realidad primaria de la que parte el ser humano para orientarse y determinar lo que es el bien y el mal y la conducta aceptable o buena o correcta y la que no lo es. Los mandamientos de Dios en cualquier religión son el resultado de la experiencia milenaria de los pueblos convertidos en valores sobre el bien y el mal. No podemos sustituir la experiencia milenaria de los pueblos por la experiencia de 30 o 40 años que puedan tener los legisladores y los jueces de turno de la Corte Suprema sobre lo que debe ser la conducta sexual correcta o aceptable. Muy especialmente cuando esa corta experiencia personal de los legisladores jueces y votantes se encuentra bombardeada por una propaganda constante en los medios de comunicación masiva de la prensa, la tv, la radio y el internet dirigida por las organizaciones homosexuales que abogan por lo que ellos entienden es su derecho. Es un acto de ignorancia y soberbia sustituir la experiencia de miles de años de los pueblos sobre lo incorrecto de aceptar la conducta homosexual como buena por la experiencia de 30 o 40 años que sobre ese aspecto pueda tener la generación de turno.

Esa experiencia de siglos convertida en valores sociales que llamamos mandamientos o leyes de Dios no puede ser cortada de raíz y desechadas por el pensamiento irreflexivo de los grupos de interés que influyen sobre los legisladores de turno para lograr legislación en favor de sus intereses particulares como grupos homosexuales.

Por consiguiente, tanto a la creencia en Dios, como las creencias religiosas de los seres humanos sobre los mandamientos de Dios no pueden estar basada en el planteamiento de un Dios de fantasía cuya función sea reducir el estrés cotidiano de la vida real y, por consiguiente, en una práctica religiosa que se establece de la puerta de las iglesias hacia dentro y termina y se deja atrás de la puerta de las iglesias hacia afuera. La creencia en Dios tiene que estar basada en el planteamiento de un Dios real cuyos mandamientos sobre lo bueno y lo malo son para ser aplicados dentro y fuera de las iglesias en la vida real y cotidiana.

Esta contradicción se ha venido a manifestar en la práctica como la violación de la división entre la Iglesia y el Estado donde la minoría agnóstica impone sobre la mayoría religiosa de los ministros o pastores protestantes y sobre los sacerdotes católicos la obligación de renunciar a sus creencias religiosas y propiciar matrimonios homosexuales.  Es decir, el Estado le impone a la mayoría religiosa cambiar su manera de pensar sobre los mandamientos de Dios.  Es decir, el Estado rompe el principio de la división entre iglesia y Estado.

El Estado laico agnóstico o ateo es una contradicción. Si la mayoría del pueblo cree en la existencia de un Dios real que existe tanto dentro de la iglesias como fuera de la iglesias en la vida real, sus mandamientos sobre el bien y el mal no pueden estar circunscritos para ser aplicados dentro de las distintas iglesias y dejarse atrás dentro de las cuatro paredes de las distintas iglesias, cuando se sale a la vida cotidiana. Los mandamientos de Dios son precisamente los puntos de orientación de los seres humanos y, por consiguiente, son para ser aplicados por igual fuera de las puertas de las distintas iglesias en la vida real. Por consiguiente, en una sociedad democrática donde la mayoría de las personas son creyentes en la existencia de un Dios real cuyos mandamientos son para obedecer tanto dentro de las diferentes iglesias como en la vida real, el Estado no puede ser laico agnóstico o ateo, pues eso es un planteamiento contradictorio.

Es por las razones antes indicadas que el Partido Bolivariano de Puerto Rico plantea consultar en un plebiscito sobre la modificación de la constitución para establecer un Estado aconfesional fundado en la creencia de los hombres en un ser supremo que rige sobre el mundo real de los hombres y por la cual ninguna ley del Estado podrá estar en contra ni por encima de las leyes de Dios planteadas por las distintas religiones.

Ahora bien, puesto que el que interpretar los mandamientos de Dios a través de las distintas religiones (los líderes religiosos) tiene un poder para controlar las creencias de sus feligreses, es necesario que todas las denominaciones religiosas, incluyendo el gobierno a través del gobernador como representante de Dios en la vida, participe en la interpretación y discusión de las leyes de Dios. Las posturas contradictorias sobre la interpretación de las leyes de Dios se decidirán por voto. El voto de las líderes religiosos tendría un peso del 50% y el del gobernador un 50%. Si el gobernador realizará una votación que no representa el sentir del pueblo, el pueblo tendría la opción de sustituirlo en las próximas elecciones por alguien que estuviera a tono con su creencia. Por consiguiente, el Partido Bolivariano de Puerto Rico propone la creación de un cuerpo religioso presidido por el gobernador de turno y cuyo voto tuviera un peso a la hora de tomar decisiones sobre temas controversiales de 50%. Es decir, el gobernador de turno, incluyendo los miembros de la legislatura se convertiría en principales líderes religiosos del país de manera que pudieran influenciar en las interpretaciones de los mandamientos de Dios expresados en las distintas denominaciones religiosas (cristianos, musulmanes, judíos, etc.) Por consiguiente, el Estado o gobierno puede interpretar de una manera distinta a los líderes religiosos los mandamientos de Dios y exponerse a perder el voto de los creyentes. Además el Estado puede prohibir la práctica de una religión o creencia religiosa que incite a la violencia o al derrocamiento del Estado, como por ejemplo el fundamentalismo religioso predicado por los grupos terroristas. Por el contrario, en temas controversiales que tengan que ver con los mandamientos de Dios, como lo es el matrimonio homosexual, el Estado o gobierno deberá conseguir el consenso de los creyentes en las distintas religiones o de lo contrario resignarse a perder las próximas elecciones.

El gobernador y los demás líderes políticos podrán contar con el asesoramiento de un cuerpo de teólogos especializados en la historia y evolución de las distintas religiones, de manera que sus decisiones con respecto o a la interpretación de los mandamientos de Dios sea correctamente documentada.